Montería

Seguridad territorial, centralizada

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Por mandato constitucional, los alcaldes y gobernadores son la primera autoridad de policía de las regiones. Es nuestra función conservar el orden público, requerir el auxilio de las Fuerzas Armadas en los casos permitidos por la Constitución y la Ley, y actuar como jefes de la Policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. Sin embargo, en la práctica no es así porque no estamos incluidos en la organización jerárquica de la Fuerza Pública, que toma las decisiones operativas.

Varios de los alcaldes y gobernadores del país sentimos que la política pública de seguridad ciudadana no parte directamente de las regiones. Por el contrario, observamos que es una responsabilidad, hoy mucho mayor, del Gobierno Nacional.

Desde los territorios estamos luchando con coraje y valentía contra las bandas criminales, las estructuras del narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el gota a gota, que según las líneas de investigación es financiado con dinero del narcotráfico para desestabilizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Para seguir por ese camino, y con el ánimo de poner en marcha acciones más rápidas, se requiere que los mandatarios tengamos total control en la toma de decisiones de las operaciones que estimemos más convenientes para preservar la seguridad en nuestros territorios, entendiendo que cada región presenta dificultades con estos flagelos. No podemos bajar la guardia y tenemos que reforzar todo el andamiaje necesario para continuar cerrando los caminos de la criminalidad, razón por la que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios de Defensa y del Interior, debe iniciar prontamente un trabajo de articulación de acciones y planes con los entes municipales y departamentales para ser más certeros y efectivos en las operaciones tendientes a perseguir, capturar y judicializar a quienes se dedican al crimen organizado y la delincuencia común.

Más aún cuando vemos que en los últimos días, en diversas zonas del país, se han multiplicado las invasiones y las vías de hecho, por parte de personas que piden que se salden deudas históricas que están afrontando desde hace décadas. Dificultades que se han evidenciado mucho más luego de la pandemia y las que no son fáciles de subsanar en un solo momento, por la escasez de presupuesto. No obstante, desde el Gobierno de la Gente hemos hecho lo imposible para lograr inversiones importantes en el sur de Montería y en la zona corregimental, con el objetivo de ir dejando atrás esas épocas de olvido y desatención.

A pesar del esfuerzo hecho por llevar mejores condiciones de vida a los ciudadanos y del constante diálogo que se mantiene con las comunidades para rendir informes de lo que se está haciendo, vemos con mucha preocupación que hay quienes insisten en recurrir a las vías de hecho. Actuaciones que atentan contra la vida de las personas y la seguridad ciudadana.

En este momento, la responsabilidad real para la atención y disuasión de manifestaciones violentas y bloqueos ilegales de corredores viales está en manos del presidente de la República, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, quienes autorizan o deniegan el uso de unidades de intervención.

El largo trámite para solicitarlas hace que los tiempos de reacción ante alteraciones del orden público no sean inmediatos y se tarden considerablemente. Razón por la que urge un pronunciamiento del Gobierno Nacional, en el que queden claras las herramientas expeditas que se requieren para garantizar intervenciones de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de actividades cotidianas como la educación y la salud.

Somos conscientes de que la gente quiere inmediatez en la resolución de sus peticiones; sin embargo, es necesario que tengan presente que las vías de hecho no son justificables desde ningún punto de vista, porque desdibujan la esencia de lo que es el derecho constitucional de la manifestación pública, la que por principio rector es pacífica. La violencia, no se puede imponer sobre la voluntad de construir entre todos un mejor futuro para las comunidades.