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Entre enero y noviembre fueron asesinados 199 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.

El 2022 se convierte en el año con el mayor número de homicidios a lideresas, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos desde 2016, año en que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.

“Este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021”, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El departamento con mayor número de asesinatos fue Nariño, con 33 casos, le siguen Cauca con 25, Putumayo 20, Antioquia 20, Arauca 12, Valle del Cauca 11, Bolívar 9, Santander 9, Chocó 7, Tolima 7, Caquetá 6, Cesar 4, Santander 4, Meta 4 homicidios, La Guajira 3, Sucre 3, Córdoba 3, Huila 3, San Andrés 2, Magdalena 2, Boyacá 2, Risaralda 2 y Bogotá 2. Caldas, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Guaviare y Amazonas reportaron un caso cada uno.

El mapa elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también revela que los líderes comunales fueron las mayores víctimas con 62 casos, seguido de los líderes indígenas con 44 casos y los líderes comunitarios 33 casos. Además, los meses de marzo, mayo y octubre fueron los de mayor número de homicidios.

Carlos Camargo resaltó que desde la Defensoría del Pueblo se ha insistido a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos. “En las regiones ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de los habitantes ya que sus acciones fortalecen la democracia”.

 

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que el Gobierno Nacional, las instituciones del Estado y los mandatarios locales deben atender los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones que hemos hecho en las alertas tempranas para detener estos crímenes”, puntualizó el Defensor del Pueblo.